Debido a las manifestaciones que se esperan para estos días, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que ya tienen una planificación con el fin de tener "la capacidad de respuesta preventiva" en caso que se altere el orden público.

La primera de esas manifestaciones es la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se desarrollará hoy a partir de las 15:00 horas en el frontis del Centro Arte Alameda; mientras que otra manifestación en el mismo contexto se realizará desde las 18:00 horas entre Plaza Italia y la estación Los Héroes.

Para mañana está pactado un "mochilazo" de los estudiantes, a las 13:30 en Cumming con Alameda con el fin de solicitar mejoras de todo tipo en sus liceos.

Al respecto Monsalve dijo que "esas fechas están planificadas con el objeto de tener capacidad de respuesta preventiva, y de respuesta en la medida que se produzca alteración al orden público o delito y, por supuesto, la tarea del Ministerio y Carabineros es recuperar el orden público con prontitud y para eso se está preparado".

Ayer estudiantes del Liceo de Aplicación prendieron bengalas y fuegos artificiales en la velatón de un alumno. El hecho no pasó a mayores.

Luego que se diera a conocer la ley corta que presentaría el Gobierno para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores que tienen que pagar las Isapres a sus afiliados, monto que podría alcanzar los US$1.400 millones en 24 meses, la asociación de aseguradoras emitió un comunicado donde aseguró que esos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema Isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias. "Lo presentado no da viabilidad a las isapres; al revés, sería la lápida del sector. No tiene sentido debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional", dijeron.

Matías Gatica Lindsay

Metro anunció ayer el inicio del Plan de Seguridad Operacional y Servicio 2023, que reforzará a través de cinco ejes toda la red de trenes en la Región Metropolitana.

La medida fue informada por la institución y autoridades del Gobierno, quienes detallaron estos cinco pilares de trabajo. El primer de ellos es el copamiento de seguridad, a través de la presencia combinada de Carabineros y personal de metro en 15 estaciones priorizadas. En estos lugares se incorporarán "guardias tácticos" con curso de OS-10, quienes contarán con cascos, protectores corporales, cámaras, bastones retráctiles, esposas de seguridad y chalecos antibala.

El segundo pilar es el de infraestructura asociada a la seguridad, con el que se busca desincentivar las evasiones a través de la implementación de estructura física como puertas antievasión, barreras antivandálicas y mejoras a los torniquetes, las que serán evaluadas por Metro.

Para el tercer pilar de remoción de rayados y pegatinas, Metro desplegarán una "brigada anti grafitis" que tendrá una persona en cada estación dedicada a la limpieza de rayados y además utilizarán espacios para evitar que sean vandalizados u ocupados por el comercio ilegal, para lo que se sumarán seis nuevas estaciones al programa Mercado a un Metro, pasando de 32 a 38.

El cuarto pilar de ajustes de servicios ya comenzó a funcionar durante febrero, y consiste en el aumento de oferta del transporte y el cambio de ruta expresa de algunas estaciones de la Línea 5.

El quinto pilar de campañas de comunicación pretende mantener informados a los pasajeros de todos los cambios que realicen, con el foco en campañas para enfrentar el acoso sexual y el comercio ilegal.

Respecto a estas medidas, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, afirmó que la seguridad "es una prioridad, y como tal tenemos todo nuestro foco puesto en esa tarea. Por eso, con el inicio de marzo, hemos comenzado la implementación de un plan de seguridad operacional".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "estamos coordinados para que las personas que ingresan a Metro no tengan que enfrentarse al comercio ilícito, para que no tengan el riesgo de ser víctimas de un delito".

Luego de que el lunes se conformaran de manera oficial la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, que ayudarán en la redacción de una nueva propuesta constitucional, ayer la Secretaría de Participación Ciudadana inició su trabajo con el fin de incorporar a la población en este nuevo proceso.

La instancia estará a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, quienes integrarán cuatro mecanismos de participación ciudadana al proceso.

Estos son: iniciativa popular de norma, que permitirá que la ciudadanía realice enmiendas o modificaciones al anteproyecto de la Comisión Experta; audiencias públicas, para que la población exponga sus visiones ante el Consejo Constitucional; diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos, para que las personas puedan conversar sobre el anteproyecto y hacer llegar sus comentarios al Consejo Constitucional; y una consulta ciudadana, que a través de una plataforma digital permitirá opinar sobre las normas del anteproyecto.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que "una participación ciudadana exigente y exitosa no consiste solo en escuchar a los ciudadanos, consiste en que los ciudadanos se escuchen unos con otros".