Congreso despacha ley que pena con cárcel el porte de combustible
La iniciativa aprobada castigará con presidio de 61 a 541 días a quien lo lleve en "reuniones en lugares públicos". El Gobierno pretendía que sólo fuera una falta.
Matías Gatica Lindsay
Con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustible en "reuniones en lugares públicos", como marchas y otro tipo de protestas.
Pese a que fue ingresado en mayo por el Gobierno, en su trámite legislativo sufrió varios cambios, lo que fue rechazado por el Ejecutivo, que pretendía llevarlo a una comisión mixta para mantenerlo como una falta, no un delito.
En el Senado se suprimió la norma que castigaba a quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas. La multa planteada a esta situación era de 10 a 20 UTM. En su lugar se visó la indicación que sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
Esto fue cuestionado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo en la tramitación que esa indicación excedía al espíritu de la norma, pues cree que no es posible encarcelar a alguien que aún no comete un delito. "(La indicación) tiene un error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo", dijo.
Tras su aprobación el presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), dijo que la ley "quedó con una pena de presidio, no de multa como quería el Gobierno, porque todos sabemos que las multas no disuaden (...) Tienen que tener penas efectivas, de cárcel, porque quien está con combustible en el contexto de una manifestación, tiene como objetivo claramente el atentar contra la vida de una persona".
Entre las abstenciones estuvo el diputado PS Raúl Leiva, quien dijo que "lo que se está tipificando es el porte de combustible injustificado (...) Este proyecto pretende proteger la protesta pacífica".
La promulgación depende del Gobierno, que inicialmente hizo reserva de constitucionalidad y deslizó la opción de veto, lo que es improbable porque ya lo está haciendo con la ley de usurpaciones.